Después de lo ocurrido con los trenes, llevo días haciéndome una pregunta: ¿cuántas advertencias sobre posibles riesgos para nuestra seguridad siguen pendientes de atenderse en España?
Y no hablo solo del ferrocarril. Hablo de presas, puentes, carreteras, cauces de ríos y también de nuestros montes.
Porque lo preocupante no es únicamente que se produzcan accidentes o catástrofes naturales. Lo verdaderamente difícil de aceptar sería descubrir después que existían advertencias y que no se hizo lo necesario para evitar sus consecuencias.
En 2026, asociaciones de ingenieros alertaron del envejecimiento de las presas españolas y de las carencias en su mantenimiento. El propio Ministerio tiene aprobado un plan para mejorar su seguridad hasta 2033.
También se han detectado problemas en viaductos y túneles que han obligado a realizar reparaciones de emergencia.
Y todavía tenemos muy presente la DANA de Valencia.
Durante aquellas lluvias, la presa de Forata llegó a una situación tan comprometida que se contempló su posible rotura. Afortunadamente resistió. Pero aquella tragedia también dejó al descubierto proyectos hidráulicos pendientes, problemas de prevención y graves interrogantes sobre la gestión de las alertas.
No sabemos si todas las actuaciones pendientes habrían evitado las consecuencias, pero sí tenemos derecho a preguntar por qué no se habían ejecutado y qué medidas alternativas se habían previsto.
Con los incendios forestales ocurre algo parecido.
Todos los veranos vemos arder miles de hectáreas, pueblos amenazados y familias obligadas a abandonar sus casas. Después llegan las explicaciones sobre el calor, el viento o la sequía.
Son factores reales, por supuesto. Pero también lo son el abandono de muchos montes, la acumulación de vegetación combustible y las deficiencias en su gestión.
En 2025, la propia Fiscalía de Medio Ambiente pidió investigar si los municipios afectados por los incendios contaban con los planes de prevención exigibles y si su ausencia había contribuido a agravar la situación.
Y aquí es donde creo que debemos empezar a exigir algo más.
No podemos reparar todas las infraestructuras inmediatamente, ni evitar que llueva de forma torrencial o que se declare un incendio. Pero sí podemos exigir que las advertencias técnicas se atiendan, que los riesgos graves se controlen y que las medidas preventivas no queden eternamente pendientes.
Porque cuando alguien recibe un informe que advierte de un peligro importante, está asumiendo una responsabilidad. Y si decide aplazar una actuación, debería poder explicar por qué y qué ha hecho mientras tanto para proteger a las personas.
Me preocupa que nos hayamos acostumbrado a buscar responsabilidades cuando ya hay víctimas. Entonces aparecen las investigaciones, los informes que nadie conocía y las discusiones sobre quién tenía las competencias.
¿No sería mucho más razonable exigir esas explicaciones antes?
Creo que necesitamos una revisión independiente de nuestras infraestructuras más sensibles y de los planes de prevención frente a catástrofes, con información clara sobre los problemas detectados, las actuaciones pendientes y sus responsables.
No para buscar culpables anticipadamente, sino para evitar que las advertencias terminen perdiéndose entre expedientes y administraciones.
Y quizá también deberíamos cambiar nuestras prioridades. Inaugurar nuevas obras tiene mucha visibilidad. Mantener las existentes, limpiar y gestionar adecuadamente los montes o invertir en prevención apenas genera titulares.
Pero puede salvar vidas.
Lo ocurrido con los trenes, la DANA de Valencia y los grandes incendios deberían hacernos reflexionar sobre algo que va mucho más allá de una administración o de un Gobierno concreto.
La seguridad de las personas no puede depender de que una tragedia nos recuerde lo que teníamos pendiente.
Porque no siempre podremos evitar que ocurra lo peor. Pero sí deberíamos poder asegurar que, cuando suceda, no descubramos que alguien llevaba años advirtiendo del peligro.
No esperemos a la próxima tragedia para hacer lo que ya sabemos que hay que hacer.
