Hace unos días leí una noticia que me hizo volver sobre una cuestión a la que llevo tiempo dando vueltas: el funcionamiento de determinadas ONG y el control del dinero que reciben.
La Guardia Civil había realizado registros y detenciones en Ceuta dentro de una investigación sobre la presunta entrega de material peligroso a inmigrantes para enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Algunas organizaciones humanitarias aparecían relacionadas con la investigación.
No sé cómo terminará el asunto. Será la Justicia quien determine lo ocurrido, pero reconozco que estas noticias me hacen desconfiar.
Y no porque esté en contra de las ONG. Sé que muchas realizan un trabajo extraordinario. Lo que me cuesta entender es por qué parece que basta con llevar esas siglas para que demos por hecho que todo se hace correctamente.
Antecedentes hay. El expresidente de Anesvad fue condenado a seis años de prisión por apropiarse de más de siete millones de euros. Más recientemente, el de DYA Bizkaia recibió una condena por desviar cerca de tres millones.
Son casos que dañan la confianza de quienes colaboran con estas organizaciones y, sobre todo, perjudican a las que trabajan honestamente.
Pero hay otra cuestión que me preocupa incluso más: el dinero público.
Cuando hablamos de miles de millones
Según publicó The Objective, en 2024 las administraciones concedieron 19.325 millones de euros en subvenciones a grandes beneficiarios, entre ellos organismos públicos, asociaciones, fundaciones y ONG. De esa cantidad, unos 4.707 millones correspondieron al grupo de asociaciones y ONG, que incluye entidades de naturaleza muy diferente.
Para ponerlo en perspectiva, ese mismo año España gastó unos 101.700 millones en sanidad pública y 71.300 millones en educación. Son conceptos diferentes y no directamente comparables, pero permiten hacerse una idea de las cantidades que manejamos.
No estoy diciendo que ese dinero se utilice mal. Me pregunto si conocemos suficientemente bien a quién se concede, cómo se controla y qué resultados se obtienen.
Porque mecanismos de control existen. Otra cosa es que siempre resulten eficaces.
¿Y nuestras prioridades?
En 2025, España destinó más de 4.550 millones de euros a ayuda oficial al desarrollo. No todo ese dinero se envía directamente al extranjero y una parte responde a compromisos internacionales.
No cuestiono la ayuda ante catástrofes, guerras o situaciones de extrema pobreza. Pero cuando veo subvenciones para determinadas campañas de sensibilización, actividades culturales o talleres en otros países, me pregunto si todas están realmente justificadas.
Y entonces pienso en lo que tenemos aquí.
En las personas que esperan una ayuda a la dependencia, en las familias con enfermos de ELA que necesitan asistencia continua o en quienes llevan meses aguardando una intervención médica.
¿Estamos estableciendo correctamente nuestras prioridades?
Seguramente muchos de esos proyectos internacionales son necesarios, y no todo ese presupuesto podría destinarse automáticamente a otros fines. Pero creo que tenemos derecho a preguntarnos si algunas de esas cantidades no estarían mejor empleadas atendiendo necesidades que tenemos mucho más cerca.
Los controles también deberían funcionar
Y no es un problema exclusivo de las ONG.
Precisamente esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo ha confirmado que UGT Andalucía debe devolver 18,3 millones de euros a la Junta por subvenciones destinadas a cursos de formación. La cantidad incluye intereses y el asunto se remonta a hace casi veinte años.
No se trata de una condena penal por apropiación de dinero, sino de gastos que los tribunales han considerado no subvencionables.
Pero hay algo que me resulta difícil de entender: ¿cómo puede tardarse tanto tiempo en resolver definitivamente una cuestión relacionada con la utilización de fondos públicos?
Las ONG, los sindicatos y otras organizaciones cumplen funciones diferentes, pero cuando reciben subvenciones deberían responder con el mismo rigor ante quienes las financiamos.
Ayudar, sí. Pero con criterio
A veces parece que cuestionar una subvención significa estar en contra de la causa que pretende defender. Y no lo veo así.
Se puede defender la solidaridad, reconocer el trabajo de miles de voluntarios y, al mismo tiempo, exigir que el dinero público se utilice correctamente.
No creo que debamos eliminar las subvenciones ni dejar de ayudar fuera de nuestras fronteras. Pero sí deberíamos ser más exigentes al decidir qué proyectos financiamos, qué resultados esperamos y qué necesidades dejamos sin atender.
Porque el dinero público es limitado y las necesidades son muchas.
Y cuando veo las dificultades que siguen afrontando tantas familias en nuestro país, no puedo evitar hacerme una pregunta:
¿Estamos seguros de que siempre gastamos el dinero donde más falta hace?
Fuentes: El Español (22/10/2026), The Objective (18/06/2025), Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Exteriores, Agencia EFE (20/10/2026), RTVE y Europa Press.
